Alfonso López-Pulido, director de Desarrollo Académico Internacional de UNIR, aborda en el Congreso Internacional de Educación Encinas, organizado por la Derrama Magisterial en Perú, las particularidades del modelo español de descentralización de la educación infantil, primaria y secundaria, y las formas de gobierno en los centros de enseñanza.
La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) participó en el XII Congreso Internacional de Educación Encinas, celebrado entre los días 14 y 17 de junio en Lima, Perú. El evento, organizado por Derrama Magisterial, contó con la presencia en línea del doctor Alfonso López-Pulido, director de Desarrollo Académico Internacional y director del Área de Másteres en Didáctica y Organización Escolar en UNIR.
En su ponencia ‘Gobernanza y descentralización educativas’, López-Pulido dio a conocer algunas claves de funcionamiento del sistema español de enseñanza infantil, primaria y secundaria. Fundamentalmente se centró en distinguir la forma de gobierno existente entre centros públicos y privados, así como el régimen normativo al que deben acogerse dentro de un modelo descentralizado.
El profesor de UNIR, al inicio de su exposición, citó a algunos autores, como Cristina Zurbriggen o Gerry Stoker, para referirse al concepto ‘gobernanza’ y lo que lo caracteriza. Así recordó la complejidad del proceso de toma de decisiones, “generado por la pluralidad de actores involucrados que interactúan para formular, promover y lograr objetivos comunes, por medio del intercambio mutuo de conocimientos, recursos, ideas y normas.”
España, propicia a la descentralización educativa
Al abordar la descentralización educativa, López-Pulido se basó en las especificidades territoriales de España, con sus diecisiete Comunidades Autónomas, y dos Ciudades Autónomas. “Del Ministerio emana la Ley General de Educación para la totalidad del territorio, pero luego cada Autonomía las adapta y modula. El Estado no tiene una gestión directa sobre los colegios de infantil y primaria ni sobre los institutos de enseñanza secundaria y de bachillerato, salvo en el caso de las dos Ciudades Autónomas y centros de titularidad estatal en el exterior.”
El control y la gestión por parte de las Comunidades Autónomas les otorga a éstas un amplio margen decisorio: “entre un 40% y un 50% de los planes de estudio, así como los procesos de selección del profesorado”. Tal descentralización educativa se ve respaldada por normas autonómicas que funcionan directa y activamente sobre familias, alumnos y docentes.
Sobre la evaluación y selección del personal, López-Pulido explicó que “los procesos en la escuela pública -señaló- se fundamentan en distintas pruebas selectivas y en la aportación de méritos para que los profesores puedan obtener la plaza en propiedad o de forma interina”. Los resultados de estas pruebas selectivas escalafonan a los profesores y esta escala es la que se emplea para ir cubriendo las necesidades de los centros, “pero ningún director tiene control sobre las mismas, solo la Comunidad Autónoma”, afirmó.
Alfonso López-Pulido, director de Desarrollo Académico Internacional y director del Área de Másteres en Didáctica y Organización Escolar en UNIR
Selección de material educativo
Otra competencia atribuida a la órbita da las Autonomías es la selección de material educativo, tanto para docentes como para alumnos. Los centros educativos, dentro de los planes de estudio, pueden elegir sus materiales. Aunque existe la ley estatal que marca líneas generales, el colegio, al cobijo de normas autonómicas, “puede elegir editorial o incluso tener la libertad de crear sus propios contenidos, previa autorización de la Administración”.
De especial relevancia en la gobernanza de centros de estudio es la partida de gastos. No es la misma situación para los colegios de infantil y primaria, con gastos completamente cubiertos por ayuntamientos y municipios, que para institutos y centros de bachillerato, dependientes de una asignación económica. A partir de esta asignación se elabora un presupuesto, debiendo solicitar autorización expresa para los gastos superiores a 5.000€. Los gastos extraordinarios, como un crédito para una gran reforma, requieren de un proceso de estudio y lo determina la Administración. Una memoria detallada para Hacienda y un informe a principios de año para la administración educativa son la justificación, negro sobre blanco, que deben llevar a cabo estos centros de enseñanza. No obstante, “los centros públicos también pueden tener alguna fuente de ingresos, fundamentalmente derivada de alquilar sus instalaciones: aulas, laboratorio y salas de informática. Esta posibilidad lleva habitualmente aparejada cierta complejidad y un seguro que cubre la responsabilidad civil”.
Las opciones de ingresos en el caso de los centros de estudio privados varían notablemente. Si bien, las diferencias son mayores si se trata un centro de enseñanza estrictamente privado o éste es concertado. En este segundo caso, el profesorado está sostenido por fondos públicos, corre a cargo de las Comunidades Autónomas, y no se les pide contribución directa a las familias. Además, existe cierto control de las Autonomías para gastos determinados.
Para terminar su exposición, López-Pulido puso el foco en la forma de proceder de los centros privados. “No existe barrera alguna ni más limitación que la marcada por ley en la selección del profesorado con la titulación mínima exigida, y siempre ajustándose a los perfiles necesarios para el desempeño docente”. La dirección y la propiedad de estos centros pueden vincularse a una empresa, orden religiosa o a una cooperativa de profesores. “Las fuentes de ingresos son diversas, siendo una de las más importantes las cuotas que pagan las familias”, concluyó el profesor de UNIR.
