Su promesa de confidencialidad y especialización convierte al arbitraje en una alternativa atractiva frente a la justicia ordinaria. Sin embargo, especialistas del país expusieron en el Foro UNIR dudas sobre sus verdaderas ventajas, así como sus alcances y qué retos enfrenta de cara al futuro.
En enero de 2025, el Poder Judicial del Perú reportó 4.806.466 procesos pendientes; a noviembre el universo alcanzó 4.844.019 causas. Estos datos resaltan la alta carga que impulsa a empresas y ciudadanos a buscar mecanismos más ágiles para resolver disputas. Su promesa de rapidez, confidencialidad y especialización convierten al arbitraje en una alternativa atractiva frente a la justicia ordinaria.
En esta edición del Foro UNIR, el abogado Alberto Montezuma, experto en arbitraje internacional; Roxana Jiménez, vicepresidenta del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima; Iván Alexander Casiano, miembro del Chartered Institute of Arbitrators; debatieron junto a los más de 500 asistentes obre cuáles son sus verdaderos alcances en el Perú y qué retos enfrenta de cara al futuro.
También, reflexionamos sobre los cuestionamientos que plantea, ya que el arbitraje en contrataciones del Estado ha sido objeto de críticas debido a casos de corrupción, falta de transparencia y conflictos de interés. Estas controversias han llevado al país a implementar mecanismos de control y reformas normativas, como el Decreto de Urgencia N.º 020-2019, que busca fortalecer la integridad en los procesos arbitrales públicos.
“La eficiencia en el arbitraje no es solo ser más ágil que el Poder Judicial, sino diseñar procesos a medida, gestionar tiempos y costos, proteger el debido proceso y satisfacer al usuario. No obstante, debe mejorar la calidad, no centrarse exclusivamente en la rapidez”, resumió Montezuma.
Siete claves del Foro UNIR
- Carga procesal estatal: En el Perú la justicia ordinaria gestiona millones de causas, lo que ralentiza decisiones y empuja a las partes hacia el arbitraje por su celeridad y flexibilidad. “Tiempo es dinero en los negocios actuales”, comentó Montezuma.
- Transparencia doméstica: En contratación pública se impulsa la publicidad de laudos y actuaciones relevantes. “El banco de laudos con más de 34 mil decisiones fortalece la transparencia”, señaló Casiano.
- Independencia del árbitro: Centros de arbitraje pueden sancionar conductas, y las recusaciones protegen la imparcialidad. “La reputación es un activo que disciplina el mercado arbitral”, afirmó Roxana Jiménez.
- Diseño “a medida”: El arbitraje permite reglas y plazos adaptados a cada caso, con una sola instancia y control limitado de anulación. “El procedimiento se diseña caso por caso”, explicó Montezuma.
- Diseño estratégico del convenio: “Las partes pueden decidir qué controversias van a arbitraje y cuáles al Poder Judicial para optimizar tiempos”, explicó la vicepresidenta del centro judicial al dar ejemplos prácticos sobre arrendamientos y desalojos.
- Competencias profesionales: “Las habilidades duras y blandas son esenciales: conocimiento comparado y manejo de audiencias”, destacó Casiano, quien recomendó formación internacional para ampliar perspectivas.
- IA con criterio humano: La inteligencia artificial es herramienta de apoyo, no sustituto del juicio profesional. “No debemos delegar decisiones a la IA; la responsabilidad final es del árbitro”, advirtió Jiménez.
Por qué el arbitraje gana terreno
El arbitraje se distingue por su flexibilidad: las partes pactan reglas, calendarios y medios de prueba con enfoque de eficiencia. En el Perú, esta configuración resulta atractiva frente a la multiplicidad de instancias del proceso judicial (apelación, casación), que adicionan meses o años a una decisión. “El laudo se controla por causales tasadas de anulación, sin revisión de fondo”, explicó Montezuma.
Para el abogado, la eficiencia requiere tres condiciones: laudo válido y ejecutable; tiempos y costos necesarios; y respeto al debido proceso y la igualdad de armas. Es un compromiso compartido entre partes, árbitros e instituciones.
La carga judicial evidencia el diferencial: millones de procesos pendientes y limitaciones operativas (notificaciones, agenda de audiencias), pese a principios de celeridad y concentración. En contraste, los árbitros gestionan menos casos y dedican estudio intensivo a pruebas y escritos, aunque advierten cuellos de botella en arbitrajes complejos por agendas y postergaciones solicitadas por las partes.
En términos de incentivos, los honorarios arbitrales y gastos institucionales motivan a las partes a cuidar el calendario; pero también pueden surgir tácticas dilatorias para presionar acuerdos. En sede judicial, el costo del aparato lo asume el Estado; esa aparente “gratuidad” se vuelve engañosa si el tiempo se dilata y la incertidumbre impacta en negocios.
Independencia, transparencia y control
Roxana Jiménez puntualizó que la independencia e imparcialidad son el centro del sistema: las partes designan árbitros, estos deben revelar conflictos, y existe un régimen de recusaciones y sanciones en los centros. “La reputación disciplina; nadie quiere ser recusado por falta de imparcialidad”, sostuvo. Además, los centros pueden abrir procesos de oficio y retirar árbitros de sus listas si vulneran códigos de ética.
Sobre transparencia, Iván Casiano distinguió entre el arbitraje internacional, tradicionalmente confidencial, y el doméstico en contratación pública, donde la publicidad de laudos —incluido el banco administrado por el OSCE con más de 34.000 decisiones— fortalece el control ciudadano. Para él, esta apertura legitima cómo se asignan recursos entre Estado y contratistas y mejora la percepción social del arbitraje.
Respecto al recurso de anulación, Montezuma advirtió un fenómeno local: la tendencia a recurrir casi todos los laudos como si fuera “segunda instancia”, incluso invocando motivación del laudo, pese a que el control debería ceñirse a causales procedimentales. Su recomendación: reforzar la calidad técnico‑jurídica de la motivación, respondiendo pretensiones y defensas con claridad para disuadir anulaciones infundadas.
Competencias del abogado y rol de la IA
Casiano diferenció habilidades duras (formación comparada en Common Law y Civil Law, práctica en ICC/CIAR, maestrías especializadas) y habilidades blandas (conducción de audiencias, gestión de intereses contrapuestos, comunicación efectiva). “UNIR me permitió entender el arbitraje global, desde comercial e inversiones hasta deportivo, para orientar mi desarrollo profesional”, relató.
Jiménez instó a mirar buenas prácticas internacionales (p. ej., IBA Rules sobre prueba), actualizar metodologías de audiencia y mantener criterio propio frente a la IA: útil para organizar información y redactar borradores, pero jamás para decidir. “No debemos ceder ante atajos fáciles; ética y experiencia son invalorables”, subrayó.
Montezuma coincidió y recordó que, en el Perú, el uso de inteligencia artificial en actividades jurídicas se considera de alto riesgo: el humano verifica y asume responsabilidad. En un entorno de negocios digitalizados, la velocidad de transacciones y divergencias exige respuestas rápidas; el arbitraje seguirá siendo instrumento idóneo, siempre que las partes elijan bien árbitros e instituciones y eviten criterios finalistas al seleccionar.
Formación continua
El Foro UNIR dejó un mapa claro: eficiencia por diseño, garantías de imparcialidad y transparencia, y una invitación a formar talento con visión global para sostener la calidad del laudo y el prestigio del sistema arbitral peruano.
La actualidad muestra mayor publicidad de laudos en contratación pública, adopción creciente de DRBs (Juntas de Prevención y Resolución de Disputas) y demanda de perfiles especializados. UNIR ofrece Maestría en Arbitraje Internacional alineados con las necesidades del mercado peruano.
